El plan de Sánchez para Cataluña incluye una Ley de Lenguas para reforzar el catalán en España

Pedro Sánchez se mantiene impasible ante el linchamiento que, desde hace días, sufre una familia de Canet de Mar (Barcelona) por pedir más clases en español para su hijo, de cinco años. El Ejecutivo descarta además obligar a la Generalitat a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, que establecen un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano. Pero no acaba ahí el plan del Gobierno para contentar a sus socios separatistas. Esa hoja de ruta, cuya última actualización se resume en las resoluciones aprobadas por el Partido Socialista en su 40º congreso, toma como referencia la Declaración de Barcelona, el texto acordado por PSOE y PSC en 2017 para satisfacer al independentismo.

En el documento, guía del socialismo para los próximos años, el partido de Pedro Sánchez se declara preocupado por «la amenaza del neocentralismo de quienes desprecian los logros evidentes del Estado de las autonomías». En este contexto, concluyen que «la España multinivel moderna es la que ofrece cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña, en clave de mayor profundización del Estado de las autonomías, tal y como lo refiere la Declaración socialista de Granada, refrendada en la Declaración de Barcelona». 

En la Declaración de Barcelona los socialistas defienden una reforma constitucional para establecer un Estado federal y reconocer «el carácter plurinacional de España». Aunque esa reforma es el objetivo definitivo, el texto propone cambios para profundizar en el autogobierno de Cataluña y  el «reconocimiento» de sus «aspiraciones nacionales». Así, en cuanto a la lengua, los socialistas se comprometen a aprobar una Proposición de Ley Orgánica «de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España». Consideran que «gran parte de la insatisfacción existente en Cataluña se deriva de la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y a su historia».

Esa propuesta de la ley de lenguas ya figuró después en el programa del PSC de Salvador Illa para las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. En uno de sus puntos se recogía expresamente la aprobación de una norma, a nivel nacional, para «reconocer el plurilingüismo» de España «haciendo valer la riqueza que aportan las diversas lenguas españolas en el fomento de la convivencia».

En 2017 -antes de que Sánchez recuperase la Secretaría General- el PSOE presentó una proposición de ley en el Congreso para reforzar el catalán, y otras lenguas cooficiales, imponiendo «medidas de fomento» en toda España para «favorecer» su estudio «en todas las enseñanzas del sistema educativo español y para toda España».

Además, el plan preveía impulsar la incorporación en todos los planes de estudio de «los temas necesarios para que los alumnos de toda la enseñanza obligatoria conozcan la realidad plurilingüe del conjunto de España». En su iniciativa, se plasmaba también que los ciudadanos «con residencia habitual en una comunidad autónoma que haya establecido la cooficialidad lingüística tendrán derecho a formular sus peticiones a los órganos de la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con sede fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma en cualquiera de las lenguas oficiales, aunque el procedimiento se tramitará en castellano». La iniciativa proponía además la creación de un Consejo de las Lenguas Españolas, adscrito al Ministerio de la Presidencia.

Canet de Mar

El Gobierno asiste impasible al linchamiento que desde hace días sufre una familia de Canet de Mar tras lograr que la Justicia reconozca el derecho de su hijo, de cinco años, a recibir el 25% de sus horas de clase en español.

La única reacción desde el Ejecutivo ha sido telefonear a la Generalitat para ofrecer los «medios del Estado» para proteger al niño, aunque fuentes gubernamentales no han precisado si con ello se refieren a protección policial. Asimismo, se ha evitado desautorizar al Govern que lleva días alentando las protestas contra la decisión judicial, que se niega a respetar. El responsable de Educación de la Generalitat afirmó este jueves, tras entrevistarse con la dirección del centro, que la resolución «es un ataque intolerable» al llamado modelo de «escuela catalana».